STRM

Jornada Nacional Clasista y Ciudadana por el Cambio de

Rumbo Económico, Político y Social

A todos los ciudadanos:

La clase política y el actual gobierno pro-empresarial están llevando al país al colapso social y económico. Treinta años bastaron para que los gobiernos neoliberales desmantelaran las instituciones edificadas con sentido social y redistributivo para dar impulso a un modelo económico favorable al gran capital nacional y extranjero en perjuicio de las mayorías trabajadoras de nuestra nación.

Mientras que en diferentes países de América Latina y Europa se ha reconocido el fracaso del modelo económico neoliberal, lo que ha dado lugar a la búsqueda y aplicación de políticas económicas alternativas exitosas, como en el caso de Brasil y Bolivia, en México se mantiene invariable la política gubernamental basada en el libre juego de la fuerzas del mercado. Las consecuencias están a la vista: los programas promovidos por el actual gobierno para combatir la crisis han fracasado rotundamente como quedó demostrado en 2009 con el decrecimiento de la economía (entre el 7 y el 9%) y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo.

Actualmente, México se sitúa en el último lugar de crecimiento económico en América Latina, los índices del producto per cápita han disminuido, mientras que el desempleo, la violencia y la criminalidad se han convertido en graves problemas crónicos y los presupuestos destinados a los sectores de salud, educación, vivienda, ciencia, tecnología e infraestructura social se han reducido drásticamente.

Al comenzar el año, los incrementos al ISR y al IVA, así como el alza de las tarifas de diversos servicios básicos y combustibles erosionaron al ya de por sí alicaído poder de compra de los salarios, profundizando los estragos de la crisis económica sobre la planta productiva, el empleo y la economía popular. Mientras los costos de la crisis se transfieren de nueva cuenta a los trabajadores y a las clases medias, los privilegios fiscales de los grandes empresarios resultan intocables para un régimen ciego y sordo ante los reclamos de las mayorías, pero servil y dócil ante los intereses de los capitales transnacionales y sus socios nacionales.

A pesar de los saldos adversos de sus políticas el gobierno federal se muestra decidido a mantenerlas y profundizarlas. Este es el mensaje tras la propuesta gubernamental de Reforma de Estado que busca fortalecer al presidencialismo autoritario, y reducir las atribuciones del Poder Legislativo, promueve la reelección consecutiva de diputados y soslaya los mecanismos de participación social como la iniciativa ciudadana, el referéndum o la revocación de mandato. Es lo que está implícito en la pretensión de impulsar una nueva reforma energética para profundizar la privatización del sector, en la reforma educativa que degrada la calidad de la educación y en los renovados intentos para imponer una contrarreforma laboral a fin de legalizar la subcontratación de personal, flexibilizar y abaratar la contratación y el despido además de conculcar el ejercicio de derechos fundamentales como el de organización autónoma o el de huelga.

Durante el año anterior, el gobierno federal se negó, tercamente, a reconocer la severidad de la crisis económica, hoy se apresura a proclamar el final de la emergencia, señalando además, que el 2010 será el año de la recuperación, y que vamos por la ruta debida. Lamentablemente, todos los análisis económicos serios indican lo contrario. El rebrote de la inflación que afecta principalmente a los productos de la canasta básica, la incierta recuperación de la economía norteamericana de la que depende mucho el mercado nacional y el aumento de la pobreza alimentaria son sólo tres de los indicadores que desmienten al triunfalismo gubernamental.

Pero la autocomplacencia no es el único problema del actual gobierno, a lo largo de tres años la única constante ha sido el apego dogmático a las recetas neoliberales de apertura comercial indiscriminada, desregulación, privatización y libre mercado. En todos los demás órdenes de la vida social, incluido el del combate al narcotráfico, su conducta parece guiarse por las conveniencias políticas de corto plazo y por las presiones de los poderes de facto como el gobierno norteamericano o las televisoras, sin que exista algún proyecto estratégico que le brinde coherencia o consistencia a los actos del gobierno. Esta condición se ha recrudecido después de la derrota electoral del partido gobernante en 2009 y es la explicación de la cerrazón gubernamental ante las voces críticas.

Las descalificaciones en contra de aquellos que han cuestionado los incrementos a los combustibles y los golpes en contra de los mineros, los electricistas, los campesinos, los trabajadores de la educación, además de la persecución y asesinato de diversos luchadores sociales, revelan un curso de acción autoritario, en el que el único interés que cuenta es el de los aliados empresariales y políticos del régimen.

Con base en lo anterior el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, ha decidido fortalecer la lucha en demanda de la rectificación inmediata de las políticas económicas que alientan la desigualdad, el desequilibrio y el estancamiento.

Exigimos la transformación de la política económica nacional de nuestro país, un primer paso en esta dirección, debe ser la concertación de un incremento salarial de emergencia que se oriente a resarcir la pérdida sufrida por los salarios como consecuencia de la crisis económica y la reciente escalada de precios. Esta medida debe ser parte de un programa nacional anti crisis que incluya acciones para reactivar el mercado interno por medio del fomento al desarrollo agropecuario e industrial además de programas permanentes para la producción de alimentos básicos, el desarrollo científico y tecnológico, la recuperación del poder adquisitivo del salario y la generación de empleos, tanto en el campo como en la ciudad. El impulso de un nuevo modelo de desarrollo rural sustentado en los valores y derechos de los mexicanos que habitan en el campo y en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, así como el control de precios para los artículos de la canasta básica y la renegociación del TLCAN, son temas fundamentales de este programa.

Este proyecto requiere de recursos económicos adicionales que podrían obtenerse por medio de una reforma económica, hacendaria y fiscal, que tenga carácter progresivo, es decir que garantice que paguen más impuestos quienes tengan más ingresos, que elimine los privilegios fiscales indebidos y que contribuya a la redistribución de la riqueza nacional, en la medida que fortalezca el salario y permita incrementar el presupuesto destinado al gasto social, a la protección del medio ambiente y a la inversión productiva.

Desde luego la modificación del sistema político mexicano excluyente, corporativo y antidemocrático es condición indispensable para darle sustento a estas acciones. Entre los mecanismos que la sociedad demanda desde hace años para avanzar en este terreno figuran principios como la democracia directa (plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana), la democracia participativa con instrumentos para garantizar la participación social en el diseño e instrumentación de políticas públicas y fórmulas para concretar la rendición de cuentas y permitir que los ciudadanos exijan y hagan justiciables estos derechos. Esto es, una democracia no sólo representativa sino también participativa, que permita el compromiso de los ciudadanos con su propio gobierno y la definición de grandes ejes que orienten las políticas públicas. La defensa del estado laico ante los embates de la derecha y del clero es otro de los principios torales nuestro Movimiento.

A fin de lograr estos propósitos es necesario revertir la tendencia autoritaria con que el gobierno ha respondido ante los conflictos sociales. Para nuestro Movimiento resulta inadmisible que se pretenda criminalizar la protesta social. Nada justifica, por otra parte, la eliminación arbitraria e ilegal de fuentes de trabajo, ni la injerencia del gobierno en la vida interna de las organizaciones sindicales, campesinas o ciudadanas. Por ello demandamos al Poder Legislativo la aprobación de una nueva ley de amnistía y exigimos al Poder Ejecutivo la solución, inmediata y en el marco del respeto pleno de los  derechos laborales, de los conflictos que involucran al Sindicato Minero y al SME. ¡¡Basta ya de agresiones en contra de las organizaciones y los luchadores sociales!!

Demandamos, finalmente, un diálogo abierto y serio entre las distintas fuerzas económicas, políticas y sociales del país para definir un proyecto de nación incluyente y con posibilidades de desarrollo. El Movimiento Nacional convoca a todas las fuerzas progresistas del país (sindicatos, organizaciones civiles, campesinas, intelectuales, académicos, estudiantes, ecologistas, consumidores, amas de casa) a profundizar nuestro Pacto Clasista y Ciudadano para llevar a cabo un programa de lucha que ofrezca una alternativa de la sociedad frente a la crisis económica y ante el riesgo de que se produzca un estallido social de consecuencias impredecibles si se mantiene la actual política económica y social. El Plan de Acción se iniciará con la MAGNA MARCHA NACIONAL del 29 de enero de 2010 y contempla, entre otras acciones, la huelga de pagos del servicio eléctrico y la preparación de la huelga política nacional. En el bicentenario del inicio de la lucha por la independencia y del centenario de la Revolución Mexicana debemos reivindicar los valores y principios de igualdad, libertad, independencia económica y justicia social.

¡¡CONTRA LA CARESTIA Y A FAVOR DEL EMPLEO!!

¡¡RESPETO A LOS DERECHOS DE ELECTRICISTAS Y MINEROS!!

Enero del 2010.

Por la Coordinación Nacional del Movimiento

“POR LA UNIDAD DE LA ALIANZA CLASISTA Y CIUDADANA PARA

CAMBIAR EL RUMBO DE MÉXICO”

Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Frente Sindical Mexicano, Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), Coalición Ciudadana-Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, Diálogo Nacional, Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Federación Nacional de Sindicatos Universitarios, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos  y Similares de la República Mexicana, Movimiento Nacional los de Abajo.

A partir de este 2010, presentamos nueva estructura y diseño, de forma que los contenidos te lleguen mas adecuadamente.